O direito à educação do preso como fator essencial à ressocialização e seus impactos sociais

Abstract

La Constitución Federal de 1988 establece la dignidad de la persona humana como un derecho fundamental y un principio básico del Estado Democrático de Derecho. Entre los derechos esenciales para garantizar dicha dignidad, se destaca el derecho a la educación. Sin embargo, en el contexto penitenciario brasileño, la efectivación de este derecho enfrenta numerosos desafíos. El objetivo principal de esta investigación fue analizar las condiciones administrativas, políticas y pedagógicas de la formación escolar de personas privadas de libertad en una unidad penitenciaria ubicada en el municipio de Juiz de Fora, considerando el derecho social a la educación. Los objetivos específicos incluyeron identificar las principales barreras estructurales e institucionales para la oferta de educación en las prisiones; comprender la percepción de los actores involucrados (personas privadas de libertad, docentes, coordinador pedagógico y agentes penitenciarios) sobre la efectividad de la educación en el encierro; y analizar las políticas públicas existentes y su impacto en el acceso a la educación penitenciaria. Se partió de la hipótesis de que el Estado no ha tenido éxito en la resocialización de la población carcelaria, considerando la ineficacia de los programas de educación y trabajo. La estructura penitenciaria privilegia la seguridad y el control, en detrimento de la formación de los reclusos, perpetuando un ciclo de exclusión social. La escasez de políticas públicas integradas y la precariedad de la infraestructura educativa en las unidades penitenciarias agravan esta realidad. La investigación adoptó un enfoque cualitativo, utilizando la entrevista semiestructurada como principal instrumento metodológico. Se entrevistó a personas privadas de libertad de la Penitenciaría Ariosvaldo Campos Pires (Juiz de Fora, MG), así como a docentes, al coordinador pedagógico y a agentes penitenciarios que actúan en el sistema carcelario. Para el análisis de los datos, se utilizó el análisis de contenido de Bardin (2011), categorizando la información en cuatro ejes principales: Administración penal de la educación (procedimientos de seguridad); Infraestructura educativa en el encierro; Derecho a la educación en el sistema penitenciario; y Educación y reinserción social. El marco teórico de la disertación dialoga con estudios sobre educación, derechos humanos y criminalización de la pobreza, basándose en autores como Michel W. Apple, Karl Marx y Jessé de Souza. Los resultados indican que la educación penitenciaria enfrenta obstáculos significativos, incluyendo una infraestructura deficiente, la ausencia de políticas públicas eficaces y la predominancia de un modelo punitivista que ignora la educación como un derecho fundamental. Las entrevistas revelaron que la gestión penitenciaria frecuentemente subordina la educación a las demandas de seguridad, resultando en la suspensión de clases y en la discontinuidad de los procesos educativos. Además, la desinformación sobre el derecho a la educación y la falta de incentivos para la capacitación profesional contribuyen a la reincidencia delictiva. Se concluye que, aunque la legislación prevé la educación como un derecho de las personas privadas de libertad, su implementación práctica es deficiente, convirtiendo la resocialización en un ideal lejano. Para que la educación penitenciaria sea efectiva, es fundamental la adopción de políticas públicas integradas que garanticen una infraestructura adecuada, la capacitación de los profesionales involucrados y apoyo en el período posterior al cumplimiento de la pena. Sin estas medidas, el encarcelamiento seguirá siendo un instrumento de exclusión, perpetuando desigualdades sociales y comprometiendo el derecho a la dignidad de las personas privadas de libertad.